No podría estar más en desacuerdo con este artículo.
Pero comenzaré diciendo que, en mi opinión, esta clase de ayudas deberían ser otorgadas de la forma más directa posible, sin solicitud de por medio. Todos los datos que se solicitan son datos de los que disponen los organismos gubernamentales de una u otra manera.
Dicho eso, la primera queja es que existen múltiples maneras de identificarse ante la Administración y en este proceso se ofrecen todas las posibilidades que ofrecen un mínimo de seguridad. Lejos de ser un punto negativo, permite el acceso al mayor número de personas.
La segunda queja es sobre la “gran cantidad de datos personales” que hay que cubrir. Y eso es, directamente, mentira. Se trata de los datos básicos y necesarios (nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección, gente con la que convives, cuenta corriente en la que quieres el ingreso…). Lo más complejo es encontrar el número del catastro de tu domicilio. Ojalá la burocracia fuese tan básica!
La tercera queja es en referencia a cómo está montado el sistema regional español, con los fueros en País Vasco y Navarra. Poco se puede hacer ahí, al menos a corto plazo.
En mi opinión, la única queja admisible sobre este proceso es que sea exclusivamente online. Me parece una buena forma de promocionar la administración electrónica, pero estas ayudas van dirigidas precisamente a mucha gente con limitado acceso a la tecnología o educación baja en ese ámbito.